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En síntesis, el fiscal republicano, que ha demostrado con cada uno de sus actos una intolerancia absoluta hacia cualquier tipo de disenso con sus continuas decisiones carentes de justificación, ha pasado a una segunda etapa en su relación con los hermanos Laura y Eduardo Glasman. Ya no se trata de que no los atiende, o de que les miente, o de que interfiere en sus relaciones familiares, o de que no les proporciona información, en violación a todos sus derechos. Ahora, directamente, ha pasado a someter a los hijos del Dr. Felipe Glasman a investigación en relación con el asesinato de su propio padre, y lo ventila públicamente en cada oportunidad. ¿Es eso una actuación independiente, imparcial y respetuosa del principio de legalidad en el marco de un Estado de derecho? No, no lo es.
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Por último, no se comprende qué necesidad existe de mantener a un funcionario tan conflictivo y cuestionado por prácticamente todas las partes en este procedimiento. Nadie impugna aquí el necesario protagonismo que según el régimen jurídico vigente debe tener el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público no lleva el nombre y apellido del fiscal del caso. Por el contrario, los acusadores públicos son muchísimos y además, son fungibles. Las víctimas, en cambio, sí tienen nombre y apellido. Y no son fungibles. Y tienen derechos en su calidad de tales.
Él ha logrado, de hecho, apartar a los Sres. Laura y Eduardo Glasman del procedimiento que tiene por objeto el asesinato de su padre, el Dr. Felipe Glasman. Eso no puede suceder. Y, precisamente por eso, el que debe ser apartado es el fiscal Christian Long.
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