La publicidad de los actos públicos es un valor tradicional de un sistema democrático que persigue la transparencia necesaria y facilita el control y la participación de la sociedad. Los integrantes del poder judicial no son elegidos por sufragio ciudadano, pero hay consenso creciente en darle a la ciudadanía una inclusión formal mayor. Por otra parte, es sabido que numerosos crímenes han alcanzado una sentencia gracias al reclamo de justicia sostenido por sectores de la sociedad, por asociaciones civiles y por la trascendencia pública que ofreció la prensa.
Desconocemos las razones por las que un tribunal decidió no permitir el acceso del público a la audiencia de recusación del fiscal Long. Pero nos llama la atención que un ciudadano o un medio periodístico pueda suponer que la asistencia de público y los medios a una audiencia resulte una presión sobre los funcionarios judiciales. El ámbito, llamémoslo natural, de las presiones indebidas, de las maniobras fraudulentas e ilegales tiende a ocurrir en las sombras y fuera del alcance público. Sería una contribución a esa transparencia que el fiscal Long, tan interesado en dar a publicidad sus actos, opinara a favor de la asistencia pública a esa audiencia, y que algunos periodistas también lo hicieran.
Sin embargo, ni lo uno ni lo otro. El fiscal Long calló al mismo tiempo que otros hablaron. Entre ellos, los señores Quiroga y González, quienes, a nuestro juicio, excedidos, se han declarado primeras víctimas periodísticas de una causa judicial en la ciudad de Bahía Blanca. Creemos que esto no es una información falsa sino un arranque pasional un tanto autocomplaciente.
En cualquier caso, ¡qué falta de memoria!
Recapitulemos rápido. El señor Vidilli realizó una demanda judicial contra el diario La Nueva Provincia; otro político mucho más renombrado tuvo una reunión con el periodista Mauro Federico y con otro llamado Martinez, jefe de noticias en aquel tiempo, del canal América, para conversar sobre la posibilidad de que no saliera al aire un video sobre el asesinato de Felipe Glasman, en un programa llamado precisamente “Periodistas”. El canal no hizo público el video. El fiscal Long acusa a dos periodistas, Monachelli y Diez, del diario La Nueva Provincia , y a Jorge Palacios, de radio Universal, de armar una campaña distractiva con fines de encubrimiento.
Como es fácil advertir, la prensa y la causa judicial se han cruzado en demasiadas oportunidades; raramente, si no nunca, se han levantado voces periodísticas, no ya, por supuesto, para defender a sus colegas, sino la libertad de prensa.
Para ser claros, en ningún caso, decimos ninguno, estamos a favor de hacer una demanda judicial a un periodista, aunque éste haga gala de una inescrupulosidad irresponsable sin medida, cosa que hemos sufrido bien de cerca. Sin embargo, la verdad es que hay algunos que no parecen tener idea de esa medida ni de los límites que dicta la responsabilidad en el ejercicio de un derecho que, por otra parte, no es el derecho de un oficio: la libertad de prensa es un derecho ciudadano.
Desconocemos las razones por las que un tribunal decidió no permitir el acceso del público a la audiencia de recusación del fiscal Long. Pero nos llama la atención que un ciudadano o un medio periodístico pueda suponer que la asistencia de público y los medios a una audiencia resulte una presión sobre los funcionarios judiciales. El ámbito, llamémoslo natural, de las presiones indebidas, de las maniobras fraudulentas e ilegales tiende a ocurrir en las sombras y fuera del alcance público. Sería una contribución a esa transparencia que el fiscal Long, tan interesado en dar a publicidad sus actos, opinara a favor de la asistencia pública a esa audiencia, y que algunos periodistas también lo hicieran.
Sin embargo, ni lo uno ni lo otro. El fiscal Long calló al mismo tiempo que otros hablaron. Entre ellos, los señores Quiroga y González, quienes, a nuestro juicio, excedidos, se han declarado primeras víctimas periodísticas de una causa judicial en la ciudad de Bahía Blanca. Creemos que esto no es una información falsa sino un arranque pasional un tanto autocomplaciente.
En cualquier caso, ¡qué falta de memoria!
Recapitulemos rápido. El señor Vidilli realizó una demanda judicial contra el diario La Nueva Provincia; otro político mucho más renombrado tuvo una reunión con el periodista Mauro Federico y con otro llamado Martinez, jefe de noticias en aquel tiempo, del canal América, para conversar sobre la posibilidad de que no saliera al aire un video sobre el asesinato de Felipe Glasman, en un programa llamado precisamente “Periodistas”. El canal no hizo público el video. El fiscal Long acusa a dos periodistas, Monachelli y Diez, del diario La Nueva Provincia , y a Jorge Palacios, de radio Universal, de armar una campaña distractiva con fines de encubrimiento.
Como es fácil advertir, la prensa y la causa judicial se han cruzado en demasiadas oportunidades; raramente, si no nunca, se han levantado voces periodísticas, no ya, por supuesto, para defender a sus colegas, sino la libertad de prensa.
Para ser claros, en ningún caso, decimos ninguno, estamos a favor de hacer una demanda judicial a un periodista, aunque éste haga gala de una inescrupulosidad irresponsable sin medida, cosa que hemos sufrido bien de cerca. Sin embargo, la verdad es que hay algunos que no parecen tener idea de esa medida ni de los límites que dicta la responsabilidad en el ejercicio de un derecho que, por otra parte, no es el derecho de un oficio: la libertad de prensa es un derecho ciudadano.
Cualquiera que piense que el asesinato de Felipe Glasman no involucra sólo a sus familiares sino a toda la sociedad, no interpondrá barreras para que esa sociedad realice el control indispensable de que se cumplen las condiciones para arribar a un esclarecimiento completo de ese crimen. Entonces sí importa que el público en general, y también los periodistas, tengan acceso libre a la audiencia para garantizar la justicia y el derecho a la propia opinión.
Laura Glasman, Eduardo Glasman, Sara Glasman, Jorge Jinkis
1 comentarios. Ingrese su Comentario:
Tras la lectura de la sentencia del Tribunal Criminal Nº 1, al ser entrevistado el fiscal Long, aclaró de oficio que la audiencia no había sido públia por el peligro de influir indebidamente a los testigos. También dijo que el no hacía comentarios sobre las sentencias.
AB
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