¿Quién puede desconocer que el campo de la salud pública es un escenario de intereses contrapuestos y que la salud, un bien que protege la Constitución Nacional, se negocia entre laboratorios, obras sociales de sindicatos, funcionarios que desde sus puestos oficiales compran insumos a sus propias empresas privadas y que se distribuyen las cápitas y subsidios como favores políticos? ¿Y que esto ocurre en diferentes gobiernos, a nivel nacional, provincial y municipal? ¿La población? Bien, gracias. Por supuesto, no todos viven en esa cultura de la corrupción; también hay gente decente. Felipe Glasman no se conformó con ser decente: denunció el funcionamiento de esa máquina y lo mataron.
Por el valor emblemático de los cargos oficiales podríamos citar, entre varios ejemplos posibles, una causa judicial por defraudación que alienta la actual titular del Ministerio de Salud en la que figura el actual Intendente de Bahía y el también actual Director del Banco Provincia (LNP, 5/10/07). Ignoro los fundamentos, avatares y legitimidad de la causa, pero “el dinero, la salud y la política” suena a canción conocida.
En Octubre de 2007, el Agente Fiscal Christian Long, en ocasión de tener que justificar el allanamiento a la Asociación Médica de Bahía Blanca, decide hacer pública su participación en el conflicto.
Con cierto talento para contradecirse, negó que hubiera una “guerra de la salud”, para afirmar en el mismo escrito que el informe que hablaba de esa guerra (LNP, 3 y 4/11/02) es un conjunto de mentiras interesadas de un grupo de personas de la AMBB, en connivencia con periodistas del diario, para dirigir las sospechas del asesinato de Felipe Glasman sobre “un círculo de personas” (menciona a “Jaime Linares, Luis Vidili, Máximo Sánchez, Vicente Ferrer, Gustavo Mena y Dámaso Larraburu”). O sea que hay, según el fiscal, por lo menos 2 grupos. El fiscal tiene la obligación de explicar por qué dice que un conjunto de personas constituyen un “círculo”. Tiene la responsabilidad de decir qué lazos existen entre esas personas para que formen un grupo. ¿Acaso son todos simpatizantes de Olimpo? ¿Todo es grupo?
¿Quiénes son las personas que nombra? Para ser breve, me remito a los numerosos informes de La Nueva Provincia. Jaime Linares, intendente radical, algunos de cuyos funcionarios fueron denunciados por Felipe antes de ser asesinado; Luis Vidili, candidato de Patti, tenía a su cargo las cobranzas y la seguridad del Hospital Español, con diferentes y múltiples lazos con los nombrados (LNP,18/3/04); Máximo Sánchez, llegado para codirigir el mismo hospital, exmarino retirado, promoción 112, considerado por la Armada como ¡“violento”!,(LNP; 3/11/02), y también socio de Gustavo Mena, actual Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Bahía Blanca y primo de Larraburu. La Fiscal Leila Scavarda (que no es Lorenzo) dijo de Mena a quien esto firma y en presencia de testigos, que “había obtenido beneficios después del crimen” pero, haciendo gala de sus conocimientos jurídicos, aclaró que “eso no era prueba de culpabilidad”. Por supuesto que no. Por último, Dámaso Larraburu, no sé si en calidad de diputado, de director del Banco Provincia, como jefe de una línea política dentro del peronismo o tal vez como sencillo ciudadano interesado en la salud y la justicia, en un cruce radial conmigo (programa de Nelson Castro, 14/01/03), declaró haber pedido la intervención de la SIDE en la investigación del caso. Y decía: “Hay dos causas, una causa mediática y una causa judicial”. ¿Se da cuenta el Fiscal Christian Long que lo que presenta como novedad no hace más que repetir palabras del Sr. Dámaso Larraburu dichas hace 5 años?
El fiscal dice que un grupo atacó al otro por medio de la prensa y por maniobras distractivas en la causa. ¿Desconoce que así describe su propio accionar?
Para cuestionar aquellas maniobras apela a dichos de personas que él incluye en el grupo “ofendido”, sin someter esas “opiniones” a ningun aparato crítico, como si se tratara de testimonios neutrales que, a veces, presenta como si fueran “hechos”. Si fuera cierto que hay dos bandos en pugna como afirma, sería esperable que se resguardaran los valores de neutralidad y objetividad que se le exige a la justicia e investigara a ambos (e incluso a instancias superiores) en esa guerra político-económica. Pero acusa a uno y defiende a otro. ¿Quién le asignó al Agente Fiscal funciones de abogado defensor?
Daré un solo ejemplo. En la única entrevista personal (cuando todavía se dignaba concederlas) con quien esto escribe, el fiscal, haciendo referencia a un juicio que había iniciado Felipe Glasman a uno de los miembros del “círculo” por alquileres adeudados, desestimó ese conflicto diciendo: “¡un tintorero por 5000 patacones!”. No sé por qué llamó “tintorero” (con perdón de los tintoreros) a la persona que defiende ni por qué utiliza una moneda duhaldista, además de hacer mal las cuentas. Las maneras y rasgos psicológicos del señor Long no me interesan. Pero el Agente Fiscal tiene un lenguaje desbordado y sus excesos y descuidos atentan contra la posibilidad de que el próximo juicio a Colman logre alcanzar una condena que haga justicia.
Ahora se repite lo primero que se hizo en esta causa, investigar a la víctima. Es imposible no considerar esto como una injuria más que se suma al crimen. A ello se agrega el abuso de investigar a todos los que disienten con él. “Conmigo o sinmigo” no puede ser la consigna de un Magistrado, aunque pueda enarbolarse como bandera de guerra.
El Fiscal afirma que la colega que lo precedió en el cargo se dejó influir por el grupo que él ataca. Según la misma lógica, ¿habría que concluir acaso que él está influído por otro grupo? ¿Si el primer fiscal no hizo nada -no hablo de voluntad- para identificar al asesino, se puede temer que el efecto de las acciones concurrentes del actual fiscal -no hablo de voluntad-, sea cortar toda relación entre el sicario y los autores intelectuales del crimen?
Lo más triste: que en este fárrago de inculpaciones cruzadas se pierde la verdadera razón por la que mataron a Felipe Glasman. Lo mataron por haber apostado a una concepción de la medicina que llevara a los médicos a ocuparse, no de las enfermedades, sino de la salud de sus pacientes. Esa voz era disonante con el coro que entona la canción de “el dinero, la salud y la política”.
Jorge Jinkis
Por el valor emblemático de los cargos oficiales podríamos citar, entre varios ejemplos posibles, una causa judicial por defraudación que alienta la actual titular del Ministerio de Salud en la que figura el actual Intendente de Bahía y el también actual Director del Banco Provincia (LNP, 5/10/07). Ignoro los fundamentos, avatares y legitimidad de la causa, pero “el dinero, la salud y la política” suena a canción conocida.
En Octubre de 2007, el Agente Fiscal Christian Long, en ocasión de tener que justificar el allanamiento a la Asociación Médica de Bahía Blanca, decide hacer pública su participación en el conflicto.
Con cierto talento para contradecirse, negó que hubiera una “guerra de la salud”, para afirmar en el mismo escrito que el informe que hablaba de esa guerra (LNP, 3 y 4/11/02) es un conjunto de mentiras interesadas de un grupo de personas de la AMBB, en connivencia con periodistas del diario, para dirigir las sospechas del asesinato de Felipe Glasman sobre “un círculo de personas” (menciona a “Jaime Linares, Luis Vidili, Máximo Sánchez, Vicente Ferrer, Gustavo Mena y Dámaso Larraburu”). O sea que hay, según el fiscal, por lo menos 2 grupos. El fiscal tiene la obligación de explicar por qué dice que un conjunto de personas constituyen un “círculo”. Tiene la responsabilidad de decir qué lazos existen entre esas personas para que formen un grupo. ¿Acaso son todos simpatizantes de Olimpo? ¿Todo es grupo?
¿Quiénes son las personas que nombra? Para ser breve, me remito a los numerosos informes de La Nueva Provincia. Jaime Linares, intendente radical, algunos de cuyos funcionarios fueron denunciados por Felipe antes de ser asesinado; Luis Vidili, candidato de Patti, tenía a su cargo las cobranzas y la seguridad del Hospital Español, con diferentes y múltiples lazos con los nombrados (LNP,18/3/04); Máximo Sánchez, llegado para codirigir el mismo hospital, exmarino retirado, promoción 112, considerado por la Armada como ¡“violento”!,(LNP; 3/11/02), y también socio de Gustavo Mena, actual Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Bahía Blanca y primo de Larraburu. La Fiscal Leila Scavarda (que no es Lorenzo) dijo de Mena a quien esto firma y en presencia de testigos, que “había obtenido beneficios después del crimen” pero, haciendo gala de sus conocimientos jurídicos, aclaró que “eso no era prueba de culpabilidad”. Por supuesto que no. Por último, Dámaso Larraburu, no sé si en calidad de diputado, de director del Banco Provincia, como jefe de una línea política dentro del peronismo o tal vez como sencillo ciudadano interesado en la salud y la justicia, en un cruce radial conmigo (programa de Nelson Castro, 14/01/03), declaró haber pedido la intervención de la SIDE en la investigación del caso. Y decía: “Hay dos causas, una causa mediática y una causa judicial”. ¿Se da cuenta el Fiscal Christian Long que lo que presenta como novedad no hace más que repetir palabras del Sr. Dámaso Larraburu dichas hace 5 años?
El fiscal dice que un grupo atacó al otro por medio de la prensa y por maniobras distractivas en la causa. ¿Desconoce que así describe su propio accionar?
Para cuestionar aquellas maniobras apela a dichos de personas que él incluye en el grupo “ofendido”, sin someter esas “opiniones” a ningun aparato crítico, como si se tratara de testimonios neutrales que, a veces, presenta como si fueran “hechos”. Si fuera cierto que hay dos bandos en pugna como afirma, sería esperable que se resguardaran los valores de neutralidad y objetividad que se le exige a la justicia e investigara a ambos (e incluso a instancias superiores) en esa guerra político-económica. Pero acusa a uno y defiende a otro. ¿Quién le asignó al Agente Fiscal funciones de abogado defensor?
Daré un solo ejemplo. En la única entrevista personal (cuando todavía se dignaba concederlas) con quien esto escribe, el fiscal, haciendo referencia a un juicio que había iniciado Felipe Glasman a uno de los miembros del “círculo” por alquileres adeudados, desestimó ese conflicto diciendo: “¡un tintorero por 5000 patacones!”. No sé por qué llamó “tintorero” (con perdón de los tintoreros) a la persona que defiende ni por qué utiliza una moneda duhaldista, además de hacer mal las cuentas. Las maneras y rasgos psicológicos del señor Long no me interesan. Pero el Agente Fiscal tiene un lenguaje desbordado y sus excesos y descuidos atentan contra la posibilidad de que el próximo juicio a Colman logre alcanzar una condena que haga justicia.
Ahora se repite lo primero que se hizo en esta causa, investigar a la víctima. Es imposible no considerar esto como una injuria más que se suma al crimen. A ello se agrega el abuso de investigar a todos los que disienten con él. “Conmigo o sinmigo” no puede ser la consigna de un Magistrado, aunque pueda enarbolarse como bandera de guerra.
El Fiscal afirma que la colega que lo precedió en el cargo se dejó influir por el grupo que él ataca. Según la misma lógica, ¿habría que concluir acaso que él está influído por otro grupo? ¿Si el primer fiscal no hizo nada -no hablo de voluntad- para identificar al asesino, se puede temer que el efecto de las acciones concurrentes del actual fiscal -no hablo de voluntad-, sea cortar toda relación entre el sicario y los autores intelectuales del crimen?
Lo más triste: que en este fárrago de inculpaciones cruzadas se pierde la verdadera razón por la que mataron a Felipe Glasman. Lo mataron por haber apostado a una concepción de la medicina que llevara a los médicos a ocuparse, no de las enfermedades, sino de la salud de sus pacientes. Esa voz era disonante con el coro que entona la canción de “el dinero, la salud y la política”.
Jorge Jinkis
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